Benidorm, capital turística por excelencia y símbolo del ingenio y la visión de sus gentes, se enfrenta a una factura de 340 millones de euros por un litigio de veinte años. Una cifra que no solo duplica su presupuesto, sino que amenaza con ahogar la prosperidad de una ciudad entera. El hecho me parece una aberración. La noticia, publicada por medios nacionales, regionales y locales, me ha hecho reflexionar sobre la intrincada y a menudo cruel relación entre el sentido común y la ley.
Como miembro de la Mesa del Turismo de España, he seguido el tema con especial interés. Conozco y me considero amigo del alcalde, Toni Pérez, y de su equipo, lo fui del recordado e inolvidable regidor Miguel Barceló Pérez, lo soy de su nieto, el senador Agustín Almodóvar, y de otras autoridades y sensibilidades locales, y he analizado con ellos el esfuerzo constante por sacar adelante una urbe que vive de la innovación y del trabajo incansable, por lo que este caso me duele profundamente. Más allá de los tópicos, este Nueva York mediterráneo ha permanecido en la vanguardia, consolidándose como un pilar fundamental del sector.
Los datos confirman su fortaleza: la ciudad cerró el año 2024 con 2,8 millones de turistas y más de 15,4 millones de pernoctaciones, cifras que la sitúan como la tercera ciudad con más plazas hoteleras de España. Su modelo vertical, un ejemplo de eficiencia y sostenibilidad, ha permitido una mejor gestión de los recursos. La estrecha colaboración con SEGITTUR ha consolidado su liderazgo como Destino Turístico Inteligente. En este contexto, la ocupación hotelera ha superado el 92,7% en la primera quincena de agosto, reafirmando una actividad económica que, según estimaciones, ronda los 8.900 millones de euros anuales y crea más empleo que la población activa residente.
La historia de este litigio es de una complejidad kafkiana. En 2003, el Ayuntamiento pacta con la familia propietaria la cesión de unos terrenos a cambio de aprovechamientos urbanísticos. A los dos años, los terrenos son declarados parque natural, lo que impide cualquier construcción y, en teoría, anula el pacto. Sin embargo, los acuerdos se prorrogan y, finalmente, tras un largo periplo judicial, el Tribunal Supremo da la razón a los propietarios, condenando al municipio a una indemnización asfixiante que amenaza con paralizar su progreso.
En este punto, el debate no es si los propietarios tienen o no unos derechos, que son legítimos. La cuestión es la desproporción de la condena y el impacto demoledor que tendrá sobre los intereses de los ciudadanos. ¿Dónde queda el sentido común cuando una decisión de hace dos décadas, tomada por una administración que ya no existe, recae sobre las espaldas de los benidormenses de hoy y de las futuras generaciones? La ley, en su aplicación estricta, parece haberse olvidado de la realidad económica y social.
El sentido común lo encarnan las autoridades de Benidorm, que buscan desesperadamente una solución, y sus ciudadanos, que luchan día a día por sacar adelante la economía local. Ellos no están negando los derechos de nadie, sino pidiendo que el peso de una condena no destruya el progreso de un pueblo. Me parece lógico que el Ayuntamiento recurra al Tribunal Constitucional y pida que se paralice el pago. Es una defensa necesaria ante una condena que va mucho más allá de lo razonable, una defensa del sentido común frente a una ley que, en este caso, se ha vuelto ciega y sorda.
Este caso hace reafirmarme en la convicción de que la aplicación de la ley debería tener en cuenta siempre la realidad de las personas.
Alberto Barciela
Periodista
Miembro de la Mesa del Turismo de España
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